Necesitamos una nueva forma de organizar el mercado de mano de obra asalariada en el primer sector
“El respeto al trabajo del agricultor, a los trabajadores asalariados, al medioambiente y a la calidad de los productos, forman una sola realidad que debe asumirse en su conjunto” afirma Tomás García Azcárate
Para una Asociación como la nuestra (www.endaa.org), dedicada a promover la inclusión social y laboral en el medio rural, la reforma laboral recientemente aprobada en el estado es un asunto de gran relevancia.
De hecho, el mercado de mano de obra asalariada del primer sector ha sido hasta el momento completamente disfuncional, tanto para contratantes (personas agricultoras e industria agroalimentaria) como para los trabajadores y trabajadoras. Los primeros se enfrentan a un déficit de mano de obra (que sólo en Euskadi asciende a 964 UTAs, según estadísticas de HAZI), a candidatos sin formación ni motivación, grandes cargas administrativas en la contratación y el recelo creciente de la inspección de trabajo. Por su parte, las personas trabajadoras se enfrentan a una altísima temporalidad, escasas posibilidades e incentivos a la formación, salarios muy humildes y nulo reconocimiento social. Parece evidente, por tanto, que necesitamos un cambio profundo en la forma de organizar el mercado de mano de obra asalariada en el primer sector.
Con el objetivo de analizar el impacto de la última reforma laboral en el campo y su personal asalariado, hemos entrevistado a algunas personas referentes en la materia. Publicamos a continuación la entrevista a Tomás García Azcárate (investigador del CSIC) y, la semana que viene, publicaremos más opiniones para profundizar en este tema.
¿Cuál es tu valoración general del acuerdo? ¿Supone un paso adelante para el primer sector y sus personas asalariadas?
Tomás García Azcárate: Es un paso adelante más en el cambio de las relaciones laborales en nuestro país en general, y el campo en particular. Con la crisis del 2008, y ante la imposibilidad de recurrir a una devaluación de la moneda (devaluación externa), España recurrió a una devaluación interna presionando a la baja los costes laborales. Esto ha aumentado las desigualdades y tensionado la sociedad española hasta el límite.
Se trata de pasar a un modelo de competitividad cada vez más basado en la excelencia, la productividad, la formación y la calidad de los productos y de los trabajadores. En otras palabras, se trata de entrar en el siglo XXI.
Como ya afirmé cuando se discutía el impacto de la subida del salario mínimo sobre el campo español, el sector agrario ha de prepararse para una subida del peso relativo de la mano de obra en los costes totales. Esta se ha acelerado estos últimos años, pero es una tendencia presente estructuralmente en el sector.
Parece que una de las grandes apuestas de la reforma (en relación al primer sector) pasa por fomentar al máximo posible la estabilidad en el empleo a través del uso del contrato fijo-discontinuo (en detrimento del contrato de obra y servicio que queda eliminado y limitando el uso de los contratos temporales). Esto nos lleva a una doble pregunta: ¿Puede el acuerdo mejorar la calidad de vida de las personas asalariadas del campo y, especialmente, de las personas temporeras? ¿Podría esto incentivar a las empresas a ofrecer una mejor formación a su personal?
El campo es uno de los sectores en donde los contratos temporales están plenamente justificados y justificables. No se trata solo del momento de la cosecha, sino también de otras labores como por ejemplo la poda en frutales, olivar y viñedo. Estos van a seguir siendo posibles.
La gran apuesta de la reforma es hacia los fijos discontinuos. Lo lógico para una empresa es que si se va a quedar con un trabajador, que lo forme para que sea lo más productivo posible. Por lo tanto, la reforma debería cambiar la lógica empresarial al respecto.
Yo estoy convencido que, al lado de los trabajadores que van a tener un marco laboral más estable, los grandes ganadores de la reforma van a ser las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Su importancia era ya creciente en el campo y la tendencia se va a acelerar. Aportaran la flexibilidad que muchos agricultores necesitan y resolverán el incremento de la carga administrativa que la nueva ley representa.
¿Consideras que el nuevo marco normativo puede ayudar a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias?
Una subida de costes nunca es una buena noticia para un empresario. No habrá agricultura verde en números rojos ni con explotación salarial. El respeto al trabajo del agricultor, a los trabajadores asalariados, al medioambiente y a la calidad de los productos, forman una sola realidad que debe asumirse en su conjunto.
Además de la reforma laboral, ¿Qué otras medidas complementarias consideras que serían necesarias en los próximos años?
Desde el punto de vista laboral, tiene que haber nuevas subidas del salario mínimo en los próximos tiempos hasta el 60% del salario mediano. Además, los servicios de la inspección del trabajo deberían recuperar personal y movilizar las posibilidades de control que abren las tecnologías “Big data”.
Desde el punto de vista más general, tenemos una nueva ley de la cadena que debe aplicarse y controlarse, lo que implica una coordinación importante entre la administración central, y la Agencia para la Información de la cadena Alimentaria (AICA) en particular, y las administraciones autonómicas. Ambas deberían disponer también del personal y los medios suficientes.
Pero conseguir un precio digno para un producto digno, producido por trabajadores con dignidad que reciben un salario digno, exige también mayor grado de organización económica y comercial por parte de los agricultores.
Es tiempo de mojarse 